Circunstancias y retos de la Comisión de la Verdad en México (2022)

La verdad saliendo del pozo (1896) Jean Léon Gerome

La decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de crear la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, (en adelante La Comisión) responde a añejos reclamos y anhelos de una parte de la sociedad mexicana, en particular de los colectivos de familiares de las víctimas. A éstos corresponde el principal mérito de la instalación de La Comisión: por su terquedad e incansables andanzas por ásperos terrenos, entre kafkianas y sordas dependencias judiciales; así como por herméticos y mezquinos archivos gubernamentales en busca de respuesta durante más o menos medio siglo.

La Comisión expresa también la progresiva introyección y socialización de valores encaminados a construir una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos. Este proceso ha contado con la participación de numerosos actores institucionales estatales y, sobre todo, de las sociedades civiles nacionales y trasnacionales. Lamentablemente, aún no puede afirmarse que tal cultura sea dominante -de otro modo quizá no estaríamos atrapados en una vorágine de muerte y de inéditas como monstruosas maneras de ejercer la violencia. Como sea, existe ya un amplio consenso en que aquellas prácticas violentas son inaceptables y condenables, tanto por lo que suponen per se, como por los daños múltiples que causan a las sociedades en que ocurren. De ahí que la existencia de La Comisión mexicana indirectamente constituya, aunque sea de manera simbólica, una censura ética y cultural a la violencia posterior a 1990 y, sobre todo, a la que inició en 2006, que no termina ni da señales de hacerlo pronto.

Sin duda el contundente triunfo electoral del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones federales de 2018 fue un factor determinante para la creación de La Comisión. No es un dato menor que sectores cualitativamente importantes del Morena se consideren legatarios morales y políticos de las luchas cívico-sociales y armadas de las décadas de 1970 y 1980. Para la administración encabezada por López Obrador La Comisión es una manera de hacer patente su compromiso con las organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada, tortura y asesinatos; de su activismo en favor de los derechos humanos; así como de su afán transformador cuya profundidad no termina de definirse. Puede leerse también como una reiteración de la narrativa de que los gobernantes actuales no son iguales a los de antes, es decir, que son mejores.

Es importante recordar que no es el primer intento institucional por avanzar en el proceso de esclarecimiento de la verdad y de impartición de justicia a propósito de los crímenes cometidos por actores del Estado durante las décadas de 1970 y 1980. En el año 2000, el triunfo del Partido Acción Nacional (PAN) también estuvo acompañado por un discurso transformador y de compromiso con el respeto a los derechos humanos. Como López Obrador, el entonces presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006) también se comprometió a hurgar en el pasado en favor de la verdad y la justicia. Asumió públicamente el compromiso de constituir una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes del pasado. No se formó tal organismo sino una fiscalía que, en sus palabras, sería una institución más comprometida con la justicia y la reparación que las comisiones de la verdad que hasta entonces habían existido en América Latina. A diferencia de éstas, la Fiscalía Especial para los Delitos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), creada en 2001, fue facultada para llevar directamente a los tribunales a quienes resultaran responsables de los delitos considerados. No sería, pues, sólo una instancia esclarecedora de la verdad histórica. Sin embargo, luego de cinco años de trabajo, la fiscalía sólo hizo efectivas tres órdenes de aprehensión, a pesar de que estableció que había razones jurídicamente fundadas para al menos 320 casos de violación a los derechos humanos. Los reos fueron los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro, así como el mayor Francisco Javier Barquín Alonso, quienes exigieron y consiguieron ser juzgados por la Procuraduría General de Justicia Militar. El mayor éxito mediático fue la prisión domiciliaria del expresidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), decisión que fue luego revertida y el reo exonerado de los cargos.

Según Rodolfo Gamiño, la FEMOSPP fue presa de las presiones de la vieja clase política priísta atrincherada en varios enclaves del Estado mexicano. Así, la fiscalía devino en una moneda de cambio del gobierno de Vicente Fox con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que se empeñó en boicotear su labor. Basta señalar que el titular de la Dirección Federal de Seguridad de 1964 a 1970 y subsecretario de Gobernación de 1970 a 1976, Fernando Gutiérrez Barrios, fungía como senador por el PRI durante el tiempo de vigencia de la fiscalía. Desde ahí criticó y, se presume, operó en contra del trabajo de la fiscalía. Como es bastante sabido, el capitán Gutiérrez Barrios fue una piza central del aparato estatal represor durante las décadas de 1960, 1970 y 1980. El informe oficial, informe de la vergüenza le llamarían Sergio Aguayo y Javier Treviño Rangel, resultó más una excusa de la acción represiva del Ejército que un instrumento para la aplicación de la justicia. Pese a ello, la fiscalía dejó una experiencia, un informe oficial, y otro no oficial filtrado a la prensa, así como millares de testimonios que, supongo, serán retomados y reanalizados por la actual Comisión.

La creación de La Comisión mexicana de la verdad es bastante tardía en comparación con otras experiencias latinoamericanas; basta recordar que la primera, la argentina, data de 1984. Esta demora expresa la resistencia del establishment priísta a reconocer que en nuestro país también se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Como dije, el arribo del PAN al gobierno nacional no fue suficiente para avanzar en la tarea esclarecedora de la verdad, ni para atender el reclamo justiciero y de reparación de los daños. Fue necesario el triunfo de un partido político que se reclama legatario de los agravios de las víctimas. Sin embargo, este distanciamiento temporal puede tener ventajas para La Comisión.

 En México no impera una polarización política, ideológica y pasional como la que acompañó a las comisiones de la verdad en Argentina y Chile, por ejemplo. Si bien los colectivos de familiares de víctimas y organismos de defensores de derechos humanos tienen una larga experiencia organizativa, no movilizan en el espacio público a grandes contingentes sociales, tampoco parece que deseen llevar sus exigencias a la calle, toda vez que está abierta la vía institucional. Por el lado de los probables perpetradores y sus probables aliados tampoco hay mucho activismo. El PRI -a diferencia del sexenio de Vicente Fox- está muy debilitado políticamente, con escasa presencia e influencia en el gobierno federal y con una base militante extremadamente menguada. Además, sobreviven contadísimos miembros del grupo gobernante de las décadas de 1970 susceptibles de imputaciones penales. El más prominente es, sin duda, el centenario expresidente Luis Echeverría Álvarez quien ya fue exonerado de varios cargos. Prácticamente no hay viejos priístas que pudieran presionar para exigir protección ante un probable juicio o con capacidad de boicotear la labor de La Comisión. Menos probable resulta que los integrantes de La Comisión sean objeto de fuertes presiones por parte de presuntos perpetradores o sus simpatizantes como ocurrió en otros países latinoamericanos donde hubo agresiones, amenazas de muerte e incluso atentados con explosivos.

La Comisión mexicana seguramente se beneficiará del arduo y abundante trabajo de investigación de los colectivos de familiares de víctimas, organismos defensores de derechos humanos, de la documentación dejada por la FEMOSPP, así como de los archivos estadunidenses desclasificados. Además, capitalizará la larga experiencia de las comisiones de la verdad en otros países de América Latina, cuya praxis, ligada a las reflexiones desde el ámbito académico, se ha traducido en importantes avances teóricos, metodológicos y técnicos para la investigación. Destaco que el comité de personas expertas de La Comisión está integrado mayoritariamente por especialistas en asuntos de memoria y justicia transicional, ampliamente conocedores de aquellas experiencias y debates. Sin duda constituyen un excelente equipo con las personas expertas provenientes de la defensoría de los derechos humanos. Esta composición expresa la ausencia de polarización ideológica en México, y cuya existencia en otros países motivó que algunas comisiones tuvieran que integrar a personas afines a ambos polos antagónicos, con resultados poco satisfactorios.

 La inexistencia de polarización ideológica significa también que no existe una sociedad que necesite reconciliarse, al menos no por los crímenes ocurridos durante el periodo de que se ocupa La Comisión. No hay espacio, por consiguiente, para el discurso de reconciliación, palabra con una carga axiológica positiva que sirvió, precisamente por eso, de subterfugio a los perpetradores sudamericanos para exigir impunidad. Mucho menos espacio hay para esgrimir de manera consistente la “teoría de los dos demonios”, que postula que la violencia fue resultado de la confrontación de fuerzas antagónica equiparables en crueldad y capacidad militar.

En los propósitos oficiales de La Comisión hay un sesgo hacia las acciones violentas realizadas por las fuerzas represoras del Estado. Parece que no hay intención de atender los probables actos de violencia ejercidos por las organizaciones guerrilleras en contra de la población no combatiente. Quizá se deba a que en México ese tipo de acciones fueron escasas, en comparación con otros países latinoamericanos como Perú, Guatemala o El Salvador, cuyas organizaciones guerrilleras superaron por muchos a las mexicanas en número de combatientes, bases sociales, así como en capacidad militar y operativa. Dicho sesgo puede obedecer también a que prácticamente no hay reclamos organizados en contra de las acciones violentas de las organizaciones guerrilleras de las décadas en cuestión. Subrayo la expresión reclamos organizados, pues no soslayo que hay voces adversas a la acción guerrillera de la década de 1970, tal como se evidenció en el 2019 cuando del historiador Pedro Salmerón, entonces director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHR), calificó como valientes a los integrantes del comando armado que en 1973 intentó secuestrar al patriarca del empresariado de la ciudad de Monterrey, Eugenio Garza Sada y que derivó en la muerte de éste. La expresión de Salmerón motivó críticas, insultos y protestas de actores muy diversos, entre ellos del Consejo Coordinador Empresarial, que publicó un comunicado para exigir una disculpa. Pese a que el episodio concluyó con la renuncia/destitución de Salmerón, no puede afirmarse que los críticos de la acción guerrillera de la década de 1970 actualmente constituyan un frente organizado que pudiera oponerse a la labor de La Comisión. No existe en México un órgano empresarial equiparable al poderosísimo Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) de Guatemala, que contribuyó a boicotear la labor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

A pesar de lo dicho hasta aquí, no creo que la tarea encomendada a La Comisión sea fácil ni realizable en poco tiempo. Atisbo un probable obstáculo: la resistencia de algunas instituciones gubernamentales a entregar parte o la totalidad de la información que se les requiera, sobre todo del Ejército. Las fuerzas armadas en su conjunto son histórica y orgánicamente reacias a permitir el escrutinio público. No necesariamente como indicio de culpabilidad, sino por una cuestión de principio. Los militares consideran que su papel de guardianes de la soberanía nacional les coloca en una posición de privilegio y de superioridad moral sobre los civiles. Así se les hace sentir y se enseña en las escuelas militares. Se creen un grupo social distinto y mejor al de los “civilones”, como despectivamente se refieren a los civiles en su argot castrense. Y, lo más preocupante, asumen que están por encima de las leyes y autoridades civiles. Si a estos prejuicios se suma la existencia de indicios, e incluso evidencias, de que la institución fue una de las principales perpetradoras de graves violaciones a los derechos humanos durante las décadas de 1970 y 1980, adquiere sentido el escepticismo sobre su disposición a colaborar con La Comisión, a pesar de la voluntad presidencial. Pero no se trata sólo de una hipótesis.

 La experiencia de la FEMOSPP muestra que el Ejército Mexicano se negó a entregar toda la información que fue solicitada, contrariando la orden presidencial. Su incidencia se extendió hacia la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que del 2000 al 2005, estuvo encabezada por el general Rafael Macedo de la Concha, quien colaboró con Fernando Gutiérrez Barrios en la Subsecretaría de Gobernación entre 1970 y 1976. La fiscalía dependía legal y orgánicamente de la PGR, de hecho, Macedo de la Concha nombró a su titular, Ignacio Carrillo Prieto. Según testimonios, desde la PGR Macedo de la Concha obstaculizó la labor de la fiscalía. ¿Por qué creer que ahora sí el Ejército colaborará plenamente en acatamiento de la orden presidencial? La duda se funda en la preeminencia que el presidente López Obrador ha otorgado a las Fuerzas Armadas, que han devenido en uno de los pilares fundamentales de su proyecto político. Como sabemos, sus responsabilidades en el actual gobierno rebasan por mucho el ámbito estrictamente militar. La condescendencia del presidente mexicano con el Ejército se hizo patente, por ejemplo, en octubre del 2020, cuando el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de defensa nacional del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), a petición de la Drug Enforcement Administration (DEA), fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, acusado de estar vinculado con el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. El presidente López Obrador afirmó inicialmente que el acto era expresión de “la profundidad de la crisis de México, la decadencia de México, que produjo la política neoliberal y el predominio del dinero, predominio del poder económico, que subordinó por completo al poder político”; sin embargo, unos días después asumió la férrea defensa de la inocencia del general y operó política y diplomáticamente en favor de su liberación y retorno a México. Se presume que la institución militar presionó al presidente para liberar a Cienfuegos y que el mandatario rehuyó la confrontación con una aliada indispensable para su proyecto.

Los límites de la voluntad presidencial ante la autonomía relativa del Ejército Mexicano nuevamente quedaron evidenciados en el reciente tercer informe de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en el cual se acusó el ocultamiento de información y escasa colaboración por parte del Ejército para esclarecer los sucesos que llevaron a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en 2014. En este marco, es probable que La Comisión, como las de otros países de América Latina, tendrá que basarse fundamentalmente en el material acopiado por años y proporcionado por los colectivos de familiares de las víctimas y por los organismos defensores de derechos humanos. Es verdad que el gobierno de Vicente Fox Quesada legó el traslado de una parte muy importante del archivo del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN) al Archivo General de la Nación. Durante un tiempo se proporcionaron amplias facilidades para que algunas personas consultaran y reprodujeran ese material, no obstante, la voluntad para conceder el acceso acabó tan rápido como la enjundia justiciera de Fox Quesada. Se impusieron fuertes restricciones para la consulta de documentos, mismos que fueron cribados y testados cuidadosamente volviéndolos casi inútiles para la investigación. Confieso que no tengo claro si La Comisión ahora sí tendrá acceso irrestricto a ese importantísimo acervo. En el decreto presidencial de creación se señala lo siguiente:

Las personas servidoras públicas designadas por la Comisión que recaben información documental de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, observarán en todo momento las disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública, protección de datos personales, así como en materia archivística.

Esta indicación sugiere que la consulta tendrá que sujetarse a reglas que, justificables o no, acotarán el acceso y consulta de archivos gubernamentales. Pareciera, pues, que La Comisión depende en alto grado, pese al mandato presidencial, de la buena voluntad de las entidades de la Administración Pública Federal que, al menos en el caso de las Fuerzas Armadas, presumo que será poca. El riesgo es que el informe final de La Comisión aporte poca información nueva, que no sea ya del conocimiento de los colectivos de víctimas y de las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Del decreto de creación de La Comisión vislumbro otro elemento que también podría impactar negativamente en su resultado. A diferencia de la FEMOSPP, La Comisión no tiene el propósito ni está facultada para fincar cargos y radicar demandas en los juzgados y ministerios públicos. Para la FEMOSPP la verdad histórica era secundaria y subordinada al propósito justiciero; para La Comisión, la justicia es secundaria. Este órgano se limitará a impulsar la justicia ante las instancias correspondientes, o como se dice en el artículo tercero, inciso II, implementará “los mecanismos de investigación necesarios para impulsar las acciones ante las autoridades ministeriales y judiciales competentes, a efecto de coadyuvar en el acceso a la justicia”.

Los juicios a probables perpetradores de violaciones a los derechos humanos no están entre las facultades de La Comisión, que son propias de otras instancias, y tampoco hay compromiso ni seguridad de que se realizarán. De hecho, es probable que no ocurran debido a que en el mismo decreto se indica que: “La Comisión entregará a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o las que resulten competentes, el informe final para sus efectos conducentes.” El problema es que el informe se entregará el 30 de septiembre de 2024, es decir, prácticamente cuando concluya el mandato de López Obrador. Entiendo que éste no puede comprometerse a nada más allá del fin de su periodo de gobierno, no obstante, ello no evita que se señale que la disposición deja en el limbo la posibilidad de que la labor de La Comisión se traduzca en justicia reparatoria para las víctimas y sus familiares, así como en penas para los perpetradores que pudieran resultar. La administración de gobierno que inicie en 2024, aunque perteneciera a Morena, bien podría desentenderse del informe de La Comisión.

En caso de que La Comisión tuviera la oportunidad de adelantar a las instancias judiciales y ministeriales información útil para abrir algún proceso, no habría garantía de que éstas le darían curso. ¿Por qué habría de hacerlo, por ejemplo, el actual fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, quien formó parte del entramado institucional represor de la década de 1970 e, incluso, podría haber participado en violaciones de derechos humanos como se ha sugerido?

Me parece que el límite legal y operativo de la Comisión no ha sido debidamente comunicado a la opinión pública, de modo que se están generando algunas expectativas que no corresponden con las facultades del organismo. De no corregirse esa deficiencia comunicacional, los resultados, por más exitosos que pudieran ser, enfrentarían críticas de familiares de las víctimas que consideren insatisfechas sus esperanzas. Hay que evitar que la labor de La Comisión parezca una operación para encubrir una falta de voluntad de presentar ante los tribunales a los probables perpetradores de violaciones graves a los derechos humanos.

Texto presentado el 5 de mayo de 2022 en el coloquio Los Desafíos de las Comisiones de la Verdad en América Latina, realizado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Biblio-Hemerografía consultada y recomendada

Aguayo Quezada, Sergio; Treviño Rangel, Javier, “Fox y el pasado. La anatomía de una capitulación”, en Foro Internacional, vol. XLVll, núm. 4, octubre-diciembre, 2007, pp. 709-739.

Dutrénit-Bielous, Silvia y Libertad Argüello Cabrera, “Una gestión atrapada. El caso de la FEMOSPP”, en Fernando Castañeda, Angélica Cuéllar y Edith Kuri (coordinadores), La crisis de las instituciones políticas en México, México, UNAM/Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2011, pp. 111-144.

Gamiño Muñoz, Rodolfo, “La memoria ante políticas de olvido. Los informes de la FEMOSPP según ex militantes del movimiento armado socialista”, en Rodolfo Gamiño Muñoz, Yllich Escamilla Santiago, Rigoberto Reyes Sánchez, Fabián Campos Hernández (coordinadores), La Liga Comunista 23 de Septiembre. Cuatro décadas a debate: historia, memoria, testimonio y literatura, México, UNAM/Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos, 2014, pp. 401-432.

Suegerencia para citar:

Hernández Jaimes, Jesús, “Circunstancias y retos de la Comisión de la Verdad en México (2022)”, en Estante Abierto. Revista electrónica de historia y política, mayo de 2022. [Consultado el día/mes/año] estanteabierto.com