Este texto, con ligeras variaciones fue publicado originalmente en la revista Relatos e Historias en México, Editorial Raíces, año V, número 49, septiembre de 2012, pp. 50-62. ISSN 20070616.
La polémica en torno a quién atribuir la paternidad de la independencia mexicana y, por tanto, sobre la fecha en que debe celebrarse ha existido desde el momento mismo en que ésta se llevó a cabo. Siempre ha sido una discusión más de carácter ideológico que histórico. Es verdad que a fines del siglo XIX se impuso la versión que privilegia el papel de los insurgentes que tomaron las armas a partir de 1810 cuyos líderes más visibles, pero no únicos, fueron Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón. La figura del también michoacano Agustín de Iturbide quedó relegada, pero no ignorada. En fechas recientes, algunos divulgadores de la historia –que no historiadores- pretenden reivindicar el papel de este caudillo y el de otros realistas que participaron en la consecución de la independencia en 1821, y socavar al mismo tiempo el de los insurgentes. Alientan una vieja polémica maniquea según la cual unos deben ser satanizados y otros sublimados, como si no formaran parte de un mismo y complejo proceso histórico que debe ser explicado a partir de sus contradicciones, reales o aparentes. En este tenor, pareciera que necesariamente debe tomarse partido por una fecha -1810 ó 1821- o bien por un personaje –Hidalgo o Iturbide.
Los divulgadores de la historia aludidos insisten en que la suya es una interpretación nueva y verdadera del proceso independentista. La “otra historia”, la llama Armando Fuentes Aguirre, el escritor más conocido de ese grupo. En realidad, los historiadores profesionales hace varias décadas que abandonaron esa perspectiva maniquea de buenos y malos. Han escrito excelentes, sobrios y equilibrados estudios en que analizan el papel de los “villanos” de la historia nacional. Sin embargo, los divulgadores en cuestión parecen no haberse enterado de su existencia. Sus fuentes son los textos de los autores clásicos del siglo XIX y primera mitad del XX, muy conocidos y la mayoría de ellos reeditados varias veces, como Carlos María de Bustamante, Lucas Alamán, Vicente Riva Palacio, Mariano Cuevas entre muchos otros de fácil acceso en librerías o bibliotecas. En otras palabras, la historia que cuentan estos divulgadores nunca ha estado oculta ni guardada, con una ni con siete llaves, como afirman.
Desde el momento mismo de su consumación en 1821 surgió la percepción de que El Plan de Iguala nada tenía que ver con el movimiento que inició Miguel Hidalgo en septiembre de 1810, ni con la declaración de independencia que los integrantes del Congreso de Anáhuac realizaron el 6 de noviembre de 1813 en Chilpancingo. En su Ensayo Histórico de las Revoluciones de México desde 1808 hasta 1830, Lorenzo de Zavala, uno de los colaboradores cercanos de Agustín de Iturbide entre 1822 y 1823, la separación de España no fue consecuencia del “grito tumultuoso de Dolores en 1810”. Tampoco se trató de la obra de “indios armados de hoces, piedras y hondas”, como los que a partir de esa fecha comenzaron a gritar, “mueran los Gachupines, viva la señora de Guadalupe”. Por el contrario, fue producto de la labor de “un jefe acreditado por su valor, que apoyado en el voto nacional, con tropas disciplinadas”, habló en nombre de los pueblos, y reclamó derechos ya demasiado conocidos. Sus seguidores pertenecían a “una generación nueva que había aprendido en la dura escuela de la pasada revolución a respetar los derechos y la justicia”. Algo tiene de razón, pero no es una explicación suficiente de la consumación de la independencia.
Es verdad que Iturbide mismo se deslindó de los rebeldes cuando afirmó que no tenía ningún cargo de conciencia por haberlos perseguido con tanto tesón, incluso dijo que actuaría de la misma manera si fuera necesario. Por esta razón algunos historiadores divulgadores insisten en la existencia de una fisura total entre el proyecto independentista de los insurgentes y el Plan de Iguala con que finalmente se consiguió la separación de España.
En contrapartida, desde antes de 1821 nació el reclamo de que se reconociera la labor de los primeros insurgentes cuyas vidas fueron segadas durante la guerra. En 1812 Ignacio López Rayón propuso que a partir de ese año se instauraran tres eventos conmemorativos: uno el 31 de julio, día del nacimiento de Ignacio Allende; otro el 16 de septiembre, fecha del inicio de la insurgencia, y el tercero el 29 de septiembre, día del onomástico de Hidalgo. La guerra y la derrota de los insurgentes impidió cumplir con este propósito. A partir de 1821, nuevamente, varios individuos exigieron que se valorara la obra de los primeros rebeldes. La voz más estruendosa en ese sentido fue la de Carlos María de Bustamante, viejo insurgente que acompañó a Morelos en buena parte de sus travesías. Este abogado oaxaqueño exigió, como periodista y legislador, que se reconociera e indemnizara a los sobrevivientes de la guerra iniciada en 1810, así como a las familias de los caídos. Desde su punto de vista, la independencia había unido a los iniciadores de la insurrección con quienes finalmente la consiguieron, a pesar de que habían sido acérrimos enemigos en los años previos. Los segundos habían enmendado su error de combatir a los rebeldes para sumar fuerzas con los insurgentes sobrevivientes como Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, Servando Teresa de Mier y el mismo Bustamante, entre otros. No obstante, el abogado oaxaqueño creía que los antiguos insurgentes tenían mayores méritos que Iturbide y los ex-realistas, debido a que muchos de aquéllos habían derramado su sangre, e incluso ofrendado su vida. En otras palabras, el abogado oaxaqueño no negó el rol de Iturbide y otro ex-realistas en la materialización de la independencia. Era sólo que reclamaba un lugar en la historia también para los insurgentes que habían hecho mayores sacrificios que los adherentes al Plan de Iguala. Pese a sus diferencias y rivalidades la independencia los había unificado, aunque juzgaba que los muertos eran merecedores de mayores encomios que los vivos.
No puede negarse la repulsión que Iturbide y otros miembros del estamento criollo privilegiado sentían por la insurgencia popular. Tampoco puede ignorarse que, a pesar de que buscó y consiguió el apoyo de los insurgentes sobrevivientes, Vicente Guerrero a la cabeza, los marginó en su gobierno. Es significativo que ninguno de ellos firmara el acta de independencia. Sin embargo, el proceso es mucho más complejo.
Uno de los problemas de la interpretación polarizada, es que quienes sostienen la ausencia de puntos de convergencia y continuidad entre la revuelta que inició en 1810 y el Plan de Iguala de 1821, centran su atención sólo en la figura de Iturbide. Por otro lado, tienden a ver a aquélla de manera monolítica. Ambas interpretaciones pecan de parcialidad. Iturbide no actuó sólo. Tampoco entre los insurgentes había una idea única acerca de cómo debía hacerse la independencia y del orden político que de ella advendría.
Varios autores especulan, algunos incluso afirman, que Hidalgo no buscaba la independencia de la Nueva España. Su propósito era sólo preservarla de caer en manos de los franceses, conseguir mayor participación de los criollos en la administración pública y acabar con las restricciones económicas y política impuestas por la Corona española. Sin embargo, en opinión Carlos Herrejón Peredo, el historiador que mejor conoce al personaje y a cuyos textos remito pare abundar en este asunto, desde el inicio de la guerra Hidalgo tuvo como meta la consecución de la independencia. No así Ignacio Allende, quien era partidario de que los criollos asumieran el gobierno de la Nueva España, en lugar de los españoles peninsulares o gachupines, pero sin romper con la monarquía hispana. Esa fue una de las razones de sus desencuentros. Autonomistas han llamado a quienes sostenían esta postura, para diferenciarlos de quienes abiertamente pedían la independencia.
Se ha dicho que los criollos acomodados se dividían básicamente entre autonomistas, independentistas y realistas, es decir, fieles a la monarquía española. Los dos primeros grupos, señalan algunos historiadores, condenaron el movimiento de Hidalgo, una vez que corrió la voz acerca de las matanzas de gachupines y de la preeminencia que habían adquirido los grupos populares. Según Virginia Guedea, otra voz tan autorizada como la de Herrejón para hablar del tema, no todos los criollos se escandalizaron con la violencia practicada y tolerada por Hidalgo en contra de los peninsulares. Tan es así, que, en abril de 1811, cuando el cura y la mayoría de los líderes rebeldes habían sido aprehendidos, se descubrió y desarticuló una conspiración independentista en la Ciudad de México en la que estaban involucrados criollos ilustrados de clase media.
No hay disputa en torno a los objetivos de la lucha encabezada por José María Morelos y Pavón, quien muy temprano dejó en claro que buscaba la ruptura absoluta con España. Con ese fin convocó a la formación de un congreso en 1813, el cual elaboró la Constitución de Apatzingán en 1814 y formó un gobierno pretendidamente nacional. Digo pretendidamente, porque imperaba un estado de guerra en buena parte de la Nueva España y los insurrectos sólo tenían un control más o menos efectivo de la territorialidad de la provincia de Tecpan, que hoy se corresponde en gran medida con el estado de Guerrero.
A pesar de que el campo fue el escenario principal de la guerra, en las ciudades novohispanas hubo mucha agitación política. No eran pocos los simpatizantes de la causa independentista, aunque ciertamente la mayoría de la población se mantuvo pasiva. No faltó quien se involucrara en labores de espionaje y abasto de material bélico para los combatientes. En la Ciudad de México se tejió una red de colaboradores de la insurgencia. Esta sociedad secreta conocida como los guadalupes, estaba integrada por connotados criollos de clase media y alta; la mayoría eran abogados, clérigos, comerciantes y terratenientes. Su labor consistió en proporcionar noticias a los insurrectos de cuanto acaecía en la capital, en especial de las medidas adoptadas por las autoridades virreinales para combatirlos. Las opiniones entre los historiadores se dividen en torno al proyecto político de los guadalupes. Algunos, como Jaime Rodríguez, creen que la mayoría –por no decir todos- eran partidarios del autonomismo. Esta creencia en parte está fundada en el hecho de que los integrantes de dicha sociedad participaron activamente en los procesos electorales –establecidos y regulados en la Constitución de Cádiz de 1812- para ocupar los cargos públicos en el ayuntamiento de la Ciudad de México, así como para elegir a los diputados a las Cortes españolas. El fin de estas maniobras tenía como propósito impedir que los gachupines ganaran tales posiciones. No obstante, debido a que Morelos encabezaba un proyecto abiertamente independentista es coherente inferir que algunos miembros de dicha sociedad secreta compartían este anhelo. La lucha político-electoral dentro del marco legal podría haber sido también una táctica para ocultar sus verdaderas intenciones. Por otro lado, la combinación de prácticas legales e ilegales no necesariamente implica una contradicción. Podrían haber sido consideradas como dos rutas para un sólo fin: la independencia.
La labor de los guadalupes durante mucho tiempo fue poco conocida. La discreción que su tarea demandaba limitó la preservación de una documentación abundante. Gracias a las investigaciones de varios autores, sobre todo de Virginia Guedea, hoy sabemos cuan importante fue su trabajo para el movimiento insurgente encabezado por Morelos. En una carta que en 1814 envió al ministro de guerra español, el virrey Félix María Calleja expresó que los más peligrosos para el orden colonial no eran los insurgentes, “sino los malvados e hipócritas [guadalupes] contra quienes no tengo armas con tantas restricciones y grillos”.
Probablemente, no faltaba entre los guadalupes quien desconfiara de los grupos populares armados, no obstante, vale la pena apuntar que Morelos siempre tuvo cuidado de evitar el radicalismo y los excesos similares a los ocurridos bajo la dirección de Hidalgo. Fue muy enfático al señalar que, si bien era partidario de la igualdad jurídica y de atenuar las desigualdades sociales, no permitiría una guerra de castas ni de clases. De hecho, cuando hubo brotes de esta naturaleza dentro del movimiento insurgente los reprimió con mucha energía y fusiló a los cabecillas. Los criollos debían encabezar el gobierno independiente, aunque no por su condición étnica sino por poseer mayor ilustración que los indios y mestizos. Una vez que éstos alcanzaran el nivel de educación de los primeros también podrían ocupar los más altos puestos de gobierno. En resumen, si bien el ideario de Morelos incluía reformas sociales en favor de los grupos más desprotegidos, también ofrecía garantías para los intereses de la élite criolla.
De lo dicho se infiere que no hay una escisión absoluta entre quienes consumaron la independencia en 1821 y algunos grupos ligados a la insurgencia, en especial con aquéllos que apoyaron o estuvieron muy cerca de Morelos. Como prueba Guedea, se puede identificar un grupo de criollos que transitó del autonomismo de 1808 -cuando se supo de la invasión francesa a España y de la acefalía del imperio español- hasta el Plan de Iguala, y que apoyó también la causa insurgente. A pesar de que líderes de la talla de Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria o Nicolás Bravo no firmaron el acta de independencia de 28 de septiembre de 1821, sí lo hicieron algunos criollos que formaron parte de los guadalupes, como Manuel Argüelles, José María Fagoaga, José María Jáuregui, Francisco Manuel Sánchez de Tagle, Juan Bautista Raz y Guzmán y José Mariano de Sardaneta y Llorente. No obstante, debemos enfatizar que esto no significa que el Plan de Iguala fuera heredero del proyecto elaborado en 1813 por los independentistas liderados por Morelos. Se trata de proyectos claramente distintos que coincidían sólo en la necesidad y conveniencia de separarse de España.
Hay diversas especulaciones acerca de las razones que llevaron a muchos realistas, criollos y peninsulares, a inclinarse por la independencia en 1821. Tal parece que cada grupo tenía motivos diferentes. Los más reaccionarios estaban inconformes con la reinstalación de la Constitución española de 1812, pues preferían continuar bajo un régimen absolutista. De ahí que imaginaran una independencia sin constitución; una monarquía absolutista con Fernando VII como rey, a quien ofrecerían los poderes que en España la constitución le negaba. Otros realistas, como Iturbide, tenían la convicción de que la independencia, más que conveniente, se había vuelto inevitable. Luego de diez años de guerra las autoridades virreinales no habían podido derrotar la insurgencia. Es cierto que ésta carecía de un liderazgo que la articulara las numerosas bandas de rebeldes que operaban en buena parte de la Nueva España sin que pudiera exterminárseles. Este escenario persuadió a los criollos indecisos –incluidos varios militares realistas- de que la separación de España podría resultar más conveniente.
Como afirma el historiador canadiense Christon Archer y confirma Rodrigo Moreno, la afirmación de que la insurrección quedó aplastada en 1817, luego del fracaso de la expedición de Javier Mina no es exacta. Algunos historiadores insisten en que el único rival importante para las fuerzas realistas era Vicente Guerrero, quien operaba en el territorio que hoy lleva su apellido. La verdad es que el estado de guerra era más generalizado y continuo. La fragmentación de la insurgencia era su debilidad y fortaleza. Debilidad porque impedía concertar acciones militares de gran calado y consensuar un proyecto político; pero esta realidad impedía también acabar con ella. Según Moreno, existía una suerte de empate militar con las fuerzas realistas, sin que se vislumbraran probabilidades fundadas de que uno de los bandos se impusiera.
Los habitantes de la Nueva España en general estaban cansados de la guerra. No sólo quienes habitaban en la zona de operaciones militares. El gobierno virreinal estaba debilitado. Los comandantes militares se habían arrogado facultades gubernativas que los confrontaron con las autoridades locales, en especial con los ayuntamientos que se multiplicaron con la entrada en vigor de la Constitución de 1812. La recaudación de impuestos se había derrumbado de manera dramática a grado tal que no había recursos suficientes para solventar los gastos de la guerra. Se crearon contribuciones extraordinarias que afectaron la renta de los novohispanos. Asimismo, los soldados realistas cometían abusos reiterados con los bienes de la gente para proveerse de lo que el gobierno no podía proporcionarles. Los caminos estaban infestados de bandas de salteadores, muchos de ellos identificados también como insurgentes, de manera que afectaban las actividades productivas y mercantiles.
La idea de que casi se había conseguido la paz, señalan Archer y Moreno, nació de la propaganda en ese sentido desplegada por el virrey Juan Ruiz de Apodaca y de los informes que enviaba a España para cuidar su imagen política ante Fernando VII. Luego, los historiadores harían suyo este discurso y lo repetirían hasta fechas recientes. Sin embargo, los partes militares que cotidianamente recibía Apodaca de los comandantes militares desmienten esa imagen. Lo que pasa es que se optó por criminalizar en el discurso y en la práctica a los insurgentes de modo que parecía que se trataba sólo de un problema de inseguridad pública y no de un problema político. En los informes oficiales se acabaron los rebeldes y sólo quedaron bandidos. La realidad es que el problema de la insurrección para el gobierno virreinal estaba muy lejos de solucionarse. En ese contexto resulta comprensible el deseo bastante extendido –incluso entre las filas realistas- de acabar con la guerra. Si no se juzgaba posible el triunfo de un bando, lo mejor era llegar a un acuerdo. La independencia podría ser una buena salida, siempre y cuando se limaran los matices violentos y potencialmente revolucionarios que le habían impreso los primeros insurgentes. Sólo faltaba un líder capaz de articular estos sentimientos y anhelos.
Las actividades guerrilleras de Vicente Guerrero y Pedro Ascencio, en el sur del virreinato, constituían el mayor reto militar para las autoridades coloniales. Con el fin de eliminar esta molestia, Juan Ruiz de Apodaca decidió relevar del mando al coronel Gabriel Armijo. En su lugar, el 9 de noviembre de 1820 designó al coronel Agustín de Iturbide, quien había estado inactivo desde 1816, luego de haber sido acusado de corrupción.
Antes de partir hacia el Sur tuvo contacto con el grupo de monarquistas enemigos de la Constitución de Cádiz, que solía reunirse en el templo de La Profesa con la intención de trasladar a Fernando VII a Nueva España para que gobernara de manera absoluta, pero no hay pruebas de que Iturbide asumiera compromiso alguno con ellos. Este hecho ha dado pie a que algunos autores atribuyan a Iturbide un proyecto independentista, aunque reaccionario, desde antes de partir a cumplir con su nuevo encargo. La verdad es que no hay evidencias que sostengan tal presunción, aunque sí los hay de que simpatizaba con la idea de la separación de España desde mediados de 1820. Rodrigo Moreno apunta que el mensajero que Iturbide envió a Apodaca para informar de la decisión de llevar a cabo la independencia, luego de proclamar el Plan de Iguala en febrero de 1821, declaró que el documento “se había trabajado hacía ocho meses, que estaba apoyado por todos los Jefes de Provincia, los de cuerpos, y por la opinión general, y que se hallaban comprendidos jefes de mayor consideración que él [Iturbide] y que todos le habían cedido la ejecución de dicho plan que contaba con toda clase de recursos y así quiso manifestar que contaba con la anuencia del Excelentísimo Señor Virrey”. Moreno infiere de ahí que, aunque no se puede afirmar que Iturbide tuviera un proyecto detallado y concreto antes de salir a batir a Guerrero, sí sabía que entre la élite novohispana había partidarios de llevar a cabo la independencia de España, entre ellos varios militares realistas cansados de combatir a los insurgentes.
Abundan las evidencias de que en cuanto Iturbide recibió el nombramiento como comandante general del Sur, inició correspondencia regular con otros jefes militares, aunque no queda claro si para comenzar a tejer una red de complicidades encaminadas a conseguir la independencia o simplemente para conseguir el sometimiento de Guerrero y su gente. El hecho es que este entramado de relaciones le fueron muy útiles para la difusión del Plan de Iguala. La acogida favorable que el proyecto encontró entre la mayoría de los militares hace suponer a algunos historiadores que Iturbide tenía un acuerdo previo con ellos. No obstante, es probable que tan positiva recepción sólo sea una prueba del extendido cansancio por la guerra y la convicción de que la independencia era inevitable. Aquí cabe preguntarse en qué momento consideró Iturbide incluir a los insurgentes. ¿Estarían en sus planes desde el momento en que los fraguó o se vio forzado a incorporarlos sobre la marcha?
Es sabido que las escaramuzas que Iturbide tuvo con los insurgentes liderados por Guerrero y Ascencio terminaron en derrotas para el primero. Las intimaciones que envió a Guerrero para que se rindiera no fueron tomadas con seriedad por éste. Tampoco las ofertas de indulto. Quizá porque el caudillo suriano estaba seguro de poder afrontar al nuevo comandante realista. En respuesta a los llamados a deponer las armas, Guerrero invitó a Iturbide a sumarse a la causa independentista, en cuyo caso no tendría reparo en ponerse bajo sus órdenes. La independencia no era negociable. Se tendió así un puente entre los intereses del jefe insurgente y los de Iturbide, quien ya traía la idea en la cabeza. En breve, el tono amenazante de las primeras cartas que Iturbide remitió en enero de 1821 al líder rebelde se volvió conciliador. Incluso, en carta de 4 de febrero propuso a Guerrero una entrevista para tratar el asunto personalmente, aunque nada le dijo todavía acerca de buscar la independencia.
Como apunta Moreno, es probable que el acercamiento con Guerrero, sin subestimar su importancia, sólo fuera parte de la estrategia que en ese momento Iturbide desplegaba para construir un consenso con todos los líderes militares realistas. En ese caso, la decisión de adoptar un proyecto independentista no habría sido resultado de las derrotas sufridas a manos de Guerrero y Ascencio, sino de un plan meditado larga y detenidamente. Queda la duda si desde un principio consideró incluir a los rebeldes o si tal decisión fue consecuencia de la convicción de que no podría derrotarlos en el campo de batalla. En otras palabras, no sabemos si la incorporación de la insurgencia popular fue más forzada que deseada con convicción. El trato dado a los líderes rebeldes una vez conseguida la independencia sugiere lo primero. Pese a ello, es claro que no podía llevar a cabo sus planes sin ganar su apoyo. Como señalamos, desde el punto de vista militar constituían un obstáculo muy difícil de sortear.
En este contexto, resulta bastante convincente la hipótesis de Rodrigo Moreno de que, en sentido estricto, fue una red, “la que dio vida al proyecto independentista, no una pirámide en la cual circulaban las órdenes vertical y descendentemente”. Sin embargo, dice Moreno, “es difícil no conceder a Iturbide centralidad en el proyecto cuando la inmensa mayoría de los documentos de estos pantanosos momentos es, en justicia, su correspondencia. Si antes hubo un grupo, para enero Iturbide era, a no dudarlo, la cabeza”.
De acuerdo con las evidencias presentadas por Moreno, es evidente que si bien Iturbide redactó de manera individual el Plan de Iguala -así lo afirma en sus memorias-, recogió el sentir de los numerosos grupos de presión, incluidos los viejos insurgentes. Su gran mérito fue la capacidad para articular en un proyecto intereses e ideas políticas muy diversas, aunque una vez que se formó el gobierno independiente fue muy difícil satisfacer y realizar.
Debemos subrayar que, pese al desdén de Iturbide por los viejos insurgentes, tuvo que incluirlos en su proyecto. Cierto que los marginó durante su periodo de gobierno, primero como presidente de la Regencia y más tarde como emperador, pero luego varios de ellos ocuparon importantes posiciones en el gobierno republicano, incluyendo la presidencia de la república. Por otro lado, dentro del movimiento insurgente coexistían posiciones diversas, incluyendo algunas moderadas que no se diferencian mucho de las de quienes suscribieron el Plan de Iguala. Ya apuntamos que Morelos era un hombre más moderado de lo que suele creerse. Sobre el ideario de Hidalgo sabemos menos porque su revuelta inició antes de lo planeado y su campaña militar sólo duró cuatro meses. Luego se dedicó a huir hasta que cayó prisionero. Ignoramos si el plan original –si existía- era incorporar, como lo hizo, a los grupos populares. Debido a las diferencias conocidas con otro de los más conspicuos conspiradores, Ignacio Allende, es probable que no fuera así. Quizá la forma precipitada en que inició la revuelta obligó a conceder una participación a los grupos populares que luego fue difícil contener.
Es importante dejar en claro que, en 1810, luego del golpe de Estado que dieron los gachupines al deponer dos años antes al virrey José de Iturrigaray y apoderarse del gobierno del virreinato y en particular del de la Ciudad de México, los independentistas no tenían más opción que la lucha armada. En cambio, en 1821 las autoridades virreinales no tenían la fuerza para contrarrestar un levantamiento armado. Iturbide, a diferencia de los conspiradores de 1810, tuvo las condiciones propicias, el tiempo y la habilidad para ganar las simpatías de casi todos los jefes militares. Diez años de guerra, la incapacidad para vencer a los rebeldes y la inestabilidad política en España debió convencerlos de que la independencia era lo más conveniente. Sin embargo, tuvieron mucho cuidado de evitar el radicalismo de la insurgencia popular, sobre todo el que practicaron los seguidores de Hidalgo. En suma, los acontecimientos de 1821 no pueden comprenderse sin analizar la lucha armada que se inició en 1810. No quiero decir con ello que exista una línea uniforme de continuidad, si bien los insurgentes suscribieron el Plan de Iguala. Sostengo que en las diferencias de ambos proyectos –el que inició en 1810 y el de 1821-, más que en las afinidades, se encuentra el vínculo histórico que impide pensarlos como disociados. La violencia de la guerra estuvo en la mente de los artífices de la independencia y condicionó la forma en que ésta se llevó a cabo. Por consiguiente, todos los actores que lucharon por la independencia merecen ser estudiados, comprendidos y –si se desea- conmemorados. Iturbide no fue el único forjador de la independencia ni se explica fuera de su contexto, pero no se puede escamotear su importante labor. Hidalgo y Morelos no conquistaron la independencia definitiva, pero dieron la vida en su intento por conseguirla. Tan importante es recordar 1810, como 1813 y 1821.
Para conocer más
Guedea, Virginia, En busca de un gobierno alterno: los guadalupes de México, UNAM, 1992.
Herrejón Peredo, Carlos, Hidalgo: maestro, párroco e insurgente, México, Fomento Cultural Banamex, Editorial Clío, 2011.
Herrejón Peredo, Carlos, Morelos, México, Clío, 1996.
Moreno Gutiérrez, Rodrigo, La trigarancia. Fuerzas armadas en la consumación de la independencia. Nueva España, 1820-1821, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2016.
Sugerencia para citar: Hernández Jaimes, Jespus, «¿1810 ó 1821? La absurda e interminable disputa por la independencia», en Estante abierto. Revista electrónica de historia y política, mayo de 2026, Disponible en https://estanteabierto.com/
Estante abierto. Revista electrónica de historia y política 